CERRANDO CENTROS EDUCATIVOS

Cerrado por falta de alumnos. El Consejo de Gobierno de la Región decidió en su última reunión del pasado 21 de octubre, celebrada en Los Alcázares, la supresión de ocho centros educativos públicos de infantil y primaria, en su mayoría en pedanías y zonas rurales en los que su demanda ha desaparecido por falta de alumnos o su traslado a institutos. El decreto apareció ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Los centros que cesan desde este mismo momento su actividad son una unidad escolar de infantil en Cañada de la Leña, Barinas (Abanilla); colegio de Educación Infantil y Primaria Bartolomé García, de Baños y Mendigo (Murcia); Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora de la Asunción, de Las Lomas del Albujón (Cartagena); unidad escolar Benablón-Sierra de Mojantes, de Archivel (municipio de Caravaca de la Cruz); unidad escolar Nuestra Señora del Carmen, de Carrasquilla (Cehegín); Colegio de Educación Infantil y Primaria Venta de Ceferino (Lorca); Escuela de Educación Infantil El Garrobillo (Águilas); Centro de Educación Infantil y Primaria Majada (Mazarrón). De ellos, el de Abanilla y Majada se han quedado este año sin alumnos, mientras que los de Águilas, Murcia y Cartagena acumulan ya dos años sin escolares y sin actividad docente alguna.

El director general de Centros, José María Ramírez, explicó ayer que el cierre -el primero en años que lleva a cabo la Consejería de Educación- no suponía perjuicio o desplazamiento de alumnos -al no haberlos- y que estaba justificado por razones adminsitrativas. El cese de actividad docente no implicaba, por ejemplo, el de mantener cuentas corrientes activas, algo que ahora se solventará.

Según fuentes de la Consejería de Educación, la medida responde a un «formalismo jurídico» y a la propia evolución de la población en estas zonas. El colegio de Majada, por ejemplo, mantenía apenas a tres niños hace dos años, que ahora pasan a un tramo educativo superior o han cambiado de centro a petición propia.

En zonas rurales

El Ejecutivo regional no informó de la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pese a que sí dio cuenta de otro asunto educativo, referido al destino de «más de cuatro millones para programas de apoyo educativo y lucha contra el abandono escolar temprano» y una ayuda de dos millones de euros para los centros lorquinos afectados por el terremoto del pasado mes de mayo.

Por su parte, el PSOE -a través de la diputada regional María Carmen Moreno- pidió «explicaciones» al consejero de Educación, Constantino Sotoca, por el cierre estos colegios en zonas rurales.

NO HABRÁ OPOSICIONES EN EXTREMADURA

El sindicato CCOO ha advertido de que si los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012 no se aprueban antes del 31 de diciembre, no habrá oposiciones el año que viene para el cuerpo de profesores de Secundaria, como estaba previsto.

Así lo ha dicho a Efe el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO en Extremadura, Tomás Chaves, que ha mostrado la preocupación del sindicato por los peligros que sufre la escuela pública ante los recortes que se están aplicando.

Chaves ha indicado que al menos un millar de personas de la comunidad educativa extremeña, entre profesores, padres y alumnos, se desplazarán el próximo sábado, día 22, a Madrid, para participar en la manifestación en defensa de una educación pública de calidad que han convocado las organizaciones integrantes de la Mesa Sectorial de Educación.

El dirigente sindical ha manifestado que aunque en Extremadura no se han impuesto medidas tan drásticas como en otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid, sí se han ido repitiendo recortes continuados durante los últimos años.

Así, ha citado, entre otros, la reducción de las actividades formativas de la tarde, las limitaciones en la contratación de profesores, el cierre de ciclos formativos de FP o la supresión este año de las ayudas individuales de formación del profesorado.

Tomás Chaves ha insistido en la preocupación de CCOO por el anuncio hecho la semana pasada por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, de que la Junta no cumplirá los plazos previstos de presentación de los presupuestos de la comunidad para 2012 y no descarta prorrogar los de este año.

Ha reiterado que si las cuentas no se aprueban antes de que finalice el año, no se podrán convocar las oposiciones para profesores de Secundaria, lo que conllevará un aumento de la temporalidad en las plantillas docentes y un gran desencanto para quienes se las preparan.

En ese sentido, Chaves ha precisado que desde que Extremadura asumió las competencias en Educación, en el año 2000, todos los años se han convocado oposiciones en la región, alternando un año la de maestros y al siguiente la de profesores de Secundaria.

Además, el dirigente sindical ha recordado que la Ley de Educación de Extremadura (LEEX), que ha entrado en vigor recientemente, contempla una memoria económica de 1.564 millones en ocho años.

Una hipotética prórroga de los presupuestos, a su juicio, pondría en peligro su financiación, que prevé una inversión en los primeros cuatro años de 660 millones, lo que resentiría su aplicación ya desde el inicio.

NO SE APRUEBA EL NUEVO BORRADOR QUE REGULA EL ACCESO A LA DOCENCIA

El Ministerio de Educación ha desistido de aprobar en lo que queda de legislatura la nueva regulación de acceso a la profesión pública docente, ya que las circunstancias actuales no hacen posible el debate que este asunto necesita.

En rueda de prensa, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado que se trata de una cuestión de oportunidad, dado que están convocadas las elecciones generales y no parece el momento adecuado y por el proceso de consultas institucionales que requiere.

Por ello, se ha remitido a la próxima legislatura para estudiarlo con la calma necesaria y el mayor acuerdo posible, y evitar que se apruebe ahora "presuntamente de forma precipitada, ha indicado en alusión a todas las reuniones que el Ministerio ha mantenido sobre este asunto hasta ahora.

Hace varias semanas, las comunidades que gobierna el PP pidieron al ministro que retirara el proyecto de Real Decreto, algo que también demandaron los sindicatos.

Por el contrario, Educación mantiene la idea de aprobar antes de los comicios del 20 de noviembre el Real Decreto de creación y funcionamiento de las universidades, que "no busca el cierre" de ninguna de estas instituciones ni que el Ministerio las fusione, ha precisado Gabilondo.

"No propongo fusionarlas ni las voy a fusionar y menos cerrarlas", sino que se trata, según el ministro, de crear las condiciones para que haya agregaciones entre ellas si lo desean dentro de su autonomía y dentro de los marcos normativos estatales y autonómicos.

Aquí puedes consultar el último borrador

MURCIA VA A RECONOCER AL DOCENTE COMO AUTORIDAD PÚBLICA

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Autoridad Docente de la Región, que reconocerá y fortalecerá la figura del docente y fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, informó en rueda de prensa el consejero Constantino Sotoca.

El objetivo de la norma será reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.

Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.

Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico. En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.

Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.

Asimismo, la norma atribuiría rango legal a la protección y asistencia jurídica que ya presta la Comunidad, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a los docentes de los centros públicos por cualquier procedimiento en el que estuvieran inmersos. Además, garantizaría la cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de sus funciones.

Otro de los aspectos que recoge el Anteproyecto de Ley es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.