Los secretarios regionales de UGT y de CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, han afirmado hoy que el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Región conocido ayer confirma que "el tijeretazo" no acababa el 31 de diciembre, sino que incluso duraba 3 años, y que además ratifica varias mentiras.
En concreto, Bueno recordó que el primer borrador del tijeretazo hablaba de 100 millones de euros de ahorro por recorte de personal, cifra que quedó en 60 millones con el apoyo de algunos sindicatos, entre los que no se encontraban éstos, si bien ayer se supo que realmente la cantidad asciende a 144 millones.
Las condiciones laborales pactadas en la administración regional "se sigue diciendo que el 1 de enero dejan de tener efectividad, cuando se mantendrán tres años", reiteró, y aseguró que será difícil recuperar condiciones anteriores al conocido como 'tijeretazo'.
Jiménez consideró además exageradas algunas tasas que han sido incluidas en ese plan, y que afectan, entre otros, a las familias numerosas, o que casi 3.000 puestos de trabajo estén amenazados en la administración "aunque no signifiquen despidos", sino reordenación de efectivos o que "sobre gente" en el Servicio Murciano de Salud (SMS) al aumentar el horario, añadió Bueno.
Ambos sindicalistas llamaron la atención por el hecho de que en materia tributaria no se toquen las grandes rentas o no se recupere el impuesto del patrimonio, mientras que Bueno recalcó la existencia de 130 gestores profesionales bien pagados en el SMS.
El 17 de mayo tendrá lugar la décima manifestación contra el conocido como 'tijeretazo', ya que las nueve anteriores "no han conseguido tumbar" la ley, según reconoció Bueno, quién advirtió que este mes los políticos están moderados, pero tras las elecciones habrá mas recortes y disminución del empleo en los ayuntamientos, así como dificultades en las universidades.
viernes, 29 de abril de 2011
lunes, 18 de abril de 2011
488 DOCENTES SE RETIRAN ESTE AÑO CON EL 100% DE SU SUELDO
La consejería de Educación ha recibido la solicitud de jubilación anticipada de 488 profesores que han decidido acogerse a la última convocatoria de la conocida como jubilación LOE, que permite a los docentes con más de treinta años de servicio retirarse a partir de los sesenta años cobrando el cien por cien de su salario. Y que, además, lleva aparejada un pago a modo de compensación que varía en función de la categoría profesional entre los seis mil y los treinta mil euros. Entre los docentes que lo han solicitado hay 327 maestros y 161 profesores de Secundaria.
Para acogerse a esta jubilación hay que cumplir con todos los requisitos establecidos por el Ministerio, sin embargo, aquellos mayores de sesenta con menos de treinta años de servicio también pueden acogerse al retiro voluntario, aunque perdiendo parte de su retribución mensual y de la compensación.
Esta jubilación se puso en marcha durante un periodo transitorio para facilitar que los maestros y profesores con más años de servicio pudieran dejar paso a otros más jóvenes.
Desde hace más de un año todos los sindicatos del ámbito educativo negocian en Madrid con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la prórroga de esta jubilación; sin embargo, la situación económica actual no ha ayudado. Sobre todo, teniendo en cuenta que mientras ellos negociaban la jubilación para los docentes a los 60 años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentaba ampliar la edad de jubilación para el resto de trabajadores a los 67 años en lugar de a los 65.
Para acogerse a esta jubilación hay que cumplir con todos los requisitos establecidos por el Ministerio, sin embargo, aquellos mayores de sesenta con menos de treinta años de servicio también pueden acogerse al retiro voluntario, aunque perdiendo parte de su retribución mensual y de la compensación.
Esta jubilación se puso en marcha durante un periodo transitorio para facilitar que los maestros y profesores con más años de servicio pudieran dejar paso a otros más jóvenes.
Desde hace más de un año todos los sindicatos del ámbito educativo negocian en Madrid con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la prórroga de esta jubilación; sin embargo, la situación económica actual no ha ayudado. Sobre todo, teniendo en cuenta que mientras ellos negociaban la jubilación para los docentes a los 60 años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentaba ampliar la edad de jubilación para el resto de trabajadores a los 67 años en lugar de a los 65.
DENUNCIAN A LA DIRECTORA POR DETENCIÓN ILEGAL
Las malas relaciones que mantenía la Asociación de Padres y Madres con la directora del IES Abanilla, Pilar Martínez desde que el pasado 11 de febrero se suspendieran las actividades extraescolares, incluido el viaje fin de estudios, parecen ser sólo la punta del iceberg de unas tensiones que se originaron en 2010 y que ahora pueden vivir otro capítulo en los juzgados. El presidente del AMPA, Jesús Vives, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra la directora, Pilar Martínez, por «detención ilegal». En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el presidente asegura que «sobre las 13 horas del pasado 1 de marzo de 2010, tres alumnos menores de edad y otro mayor, estuvieron privados de libertad en contra de su voluntad». La denuncia aporta como prueba el atestado abierto por la Policía Local. Al parecer, en marzo del pasado año «la directora sin previo aviso, procede al cierre de la puerta del gimnasio del IES Abanilla». En el interior quedaron tres menores «privados de libertad». Durante una hora aproximadamente, tal y como refleja la denuncia, «los alumnos dieron golpes a la puerta para llamar la atención, situación que fue advertida por el conserje Francisco Garro». Según refleja la denuncia, la directora «hizo caso omiso» a los tres requerimientos del conserje provocando que los tres alumnos optasen por llamar a la Policía Local con sus móviles. En el atestado, los agentes reflejan que la directora «manifiesta que efectivamente había encerrado a los tres alumnos como medida de castigo». Los alumnos fueron también «expulsados del IES Abanilla por haber utilizado el móvil» para lograr que la policía les sacase del pabellón. Pese a que en el atestado de la Policía Local, la directora defendía el encierro de los tres menores alegando «una medida de castigo» porque «con cierta frecuencia estos alumnos llegaban tarde a clase, que prefería sancionar de este modo, que expulsar a los alumnos tres días, ya que se trataba de minimizar el perjuicio hacia los alumnos y que no perdieran horas de clase». Parece que estas explicaciones no serán suficientes para el AMPA, que en el último consejo escolar antes de las vacaciones de primavera pidió «la dimisión de la directora». De momento la directora no ha querido ofrecer su versión de los hechos y las familias de los alumnos retenidos tampoco quieren hablar, aunque desde el AMPA han confirmado que prestarán declaración ante la Guardia Civil.