El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Autoridad Docente de la Región, que reconocerá y fortalecerá la figura del docente y fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, informó en rueda de prensa el consejero Constantino Sotoca.
El objetivo de la norma será reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.
Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.
En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.
Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico. En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.
Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.
Asimismo, la norma atribuiría rango legal a la protección y asistencia jurídica que ya presta la Comunidad, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a los docentes de los centros públicos por cualquier procedimiento en el que estuvieran inmersos. Además, garantizaría la cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de sus funciones.
Otro de los aspectos que recoge el Anteproyecto de Ley es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
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