Los recortes salariales a los funcionarios ya duelen un poco menos después de el pleno de la Asamblea aprobase ayer por el procedimiento de lectura única –es decir, sin posibilidad de enmiendas– la proposición del ley del PP que viene a poner una "tirita" a la Ley de Recortes aprobada hace dos meses. De esta manera y tras la negociación con los sindicatos profesionales de la educación y la sanidad (no con los de clase), la disminución de los sueldos prevista inicialmente se queda en la mitad, mejora la cobertura de la incapacidad temporal y la jornada laboral media se establece en 36,5 horas, entre otras medidas.
Hasta los grupos de la oposición parecieron percibir el esfuerzo del Gobierno regional en amortiguar el impacto de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas al centrar sus críticas no ya en el daño salarial a los funcionarios, sino en el ataque a su dignidad y a la calidad de los servicios públicos que, en su opinión, supone. Así, mientras que la portavoz del grupo socialista, Begoña García Retegui, aseguraba que la Región de Murcia «necesita apretarse el cinturón y la Comunidad Autónoma necesita recortar despilfarro y gasto superfluo, porque la situación económica a la que nos va a abocar el presidente Valcárcel va a poner en riesgo la prestación de los servicios públicos fundamentales», el de IU, José Antonio Pujante, afirmaba que la Ley de Medidas Extraordinarias supone «un golpe de estado a la función pública de la Región de Murcia».
Mientras, el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Ruiz, precisó que la Ley de Recortes aprobada por el Gobierno regional «sería innecesaria si se nos hubiese tratado con igualdad desde el Gobierno de la nación en lo que al recurso a la deuda se refiere». Ruiz subrayó que la Región de Murcia «fue señalada injustamente por el Gobierno socialista y se nos exigieron medidas de calado que no se han exigido a otras comunidades con más déficit». Durante el pleno, García Retegui se enzarzó con el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, en un ´mini-debate´ sobre un contrato de asistencia para las ventanillas únicas de vivienda que, en opinión de la socialista, es un despilfarro, mientras que para Ballesta es consecuencia de los recortes estatales.
0 comentarios:
Publicar un comentario