EL TIJERETAZO LLEGA A LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Los recortes en las nóminas llegan también a los colegios concertados, es decir, de titularidad privada pero financiados con fondos públicos. La Consejería de Educación ha aplicado el 'tijeretazo' de 37 euros en el salario de los más de 5.500 profesores y maestros que imparten docencia en los centros concertados. La bajada de sueldo permitirá a la Consejería de Educación ahorrar dos millones de euros. El ajuste se incluye en el recorte de gasto aplicado por la Consejería de Economía y Hacienda en el área de Educación, y que suma más de 14 millones de euros en obras y programas educativos. El recorte de 37 euros en el sueldo de los más de 20.000 profesores y maestros funcionarios de la Región se aprobó el pasado 23 de febrero, y ha provocado decenas de concentraciones y protestas.
Las asociaciones que agrupan a los colegios concertados coincidieron ayer en asumir como «justo» el recorte a los sueldos de sus docentes, pero recordaron que los conciertos (las subvenciones que reciben) no cubre, ni de lejos, los gastos de los centros. «Apenas llega al 70% de lo que realmente cuesta la escolarización. El capítulo de gastos de funcionamiento se queda muy corto, y se compensa con horas de trabajo del personal», reconoce Juan Antonio Pedreño, representante de más del 50% de los centros concertados, los gestionados por cooperativas.
La patronal Fere-Ceca y Educación y Gestión (EyG), que agrupa a decenas de colegios concertados católicos, coincide con la queja. «La situación es delicada para muchos centros; con el módulo de conciertos apenas se pueden asumir los gastos de luz y limpieza», expone Pablo García, responsable de administración y gestión.
Los recortes planteados en el área de educación recibieron ayer las críticas del diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, quien denunció que el presupuesto de educación «no se puede continuar exprimiendo. Las inversiones previstas eran ya prácticamente inexistentes».
Para el diputado regional, «el nuevo recorte que se aplica a las subvenciones que reciben las asociaciones de madres y padres para organizar actividades extraescolares supone otra estocada a uno de los grandes objetivos que pretendía el pacto por la educación, y justifica el abandono de dicho pacto por parte de varias organizaciones firmantes».